En declaraciones a Europa Press, el presidente de la APM, Pablo Llarena, ha recalcado que el aforamiento «no es ningún privilegio» y que jueces y fiscales sólo están aforados por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su función como jueces.

Por eso, ve «lógico» que los jueces estén aforados, para que quien evalúe si han delinquido en el ejercicio de sus funciones sea un tribunal superior y no «un juez del mismo grado». «Todo lo demás responde a planteamientos populistas y superficiales», ha dicho.

Jueces y fiscales suponen la mayoría de los alrededor de 10.000 aforados que existen en España (suman unos 7.500). En el caso de los políticos —diputados, senadores y parlamentarios autonómicos—, Llarena cree que tan «sensato» sería mantener su aforamiento
como modificarlo, por ejemplo para limitarlo a su actividad pública y excluir la esfera personal.

Esto es así porque ve normal que juzgar a quien representa a una institución esté en manos de jueces con «experiencia, conocimiento y responsabilidad» y evitar que la institución se someta a un «desgaste» y que luego se revoque la decisión del juez.

Eso sí, la APM defiende que a los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 12 de un total de 20, los elijan directamente los jueces y no el Parlamento.

También ve positiva la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que eliminará los jueces designados por los Parlamentos autonómicos —no pertenecientes a la carrera— de los tribunales superiores de justicia autonómicos.

En cambio, el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero es partidario de que jueces y fiscales dejen de estar aforados, aunque defiende que su aforamiento, «al contrario que para los políticos, no es un privilegio».

FALTA DE CONFIANZA EN LOS TRIBUNALES

Para Sexmero, el aforamiento es «una falta de confianza y un desdoro hacia los tribunales ordinarios». En su opinión, los jueces están aforados porque los políticos no quieren que les juzgue un compañero, mientras que, en el caso de los políticos, se traduce en que son juzgados por tribunales «más permeables» y eso «dificulta la investigación».

Por su parte, JpD es partidaria de un debate para reducir drásticamente el número de aforados, incluyendo a los propios jueces, y en general de una amplia «reforma institucional» que incluya modificaciones en la Constitución, dado que el aforamiento de diputados y
senadores está incluido en la Carta Magna.

Según Joaquim Bosch, España debería acercarse a los países de su entorno y no tener aforados, o que lo sean sólo los miembros del Gobierno. Sin embargo, sí cree que deben analizarse posibles problemas en los juicios a jueces y magistrados, ya que serían juzgados por alguien de «rango equivalente», sobre todo si es juzgado en el mismo partido judicial.